LA POLÍTICA COLONIAL HISPANA

 

    GENERALIDADES. El proceso de conquista se vería proseguido por el de una denominada «pacificación», que de hecho no era más que la sistemática dominación de todo intento indígena por conservar sus formas de vida y creencias originarias.

    Ya desde los primeros tiempos de la conquista, la política española estuvo encaminada a producir un cambio en las culturas autóctonas, sustituyendo de sus normas por aquellos aspectos de la cultura española que la Iglesia y la Corona consideraban como los modelos ideales a plasmar en aquellas tierras.

    La ordenación colonial de la América española conocería un progresivo desarrollo a lo largo de sus tres siglos de existencia formal, perfeccionando unos sistemas dirigidos abiertamente a la obtención de beneficios para los conquistadores, con el consiguiente detrimento para las poblaciones sometidas. Los modos de dominación se manifestarán en todos los ámbitos, desde el estrictamente político hasta el económico, pasando por el social, el familiar, el religioso, etc.

    Los intereses económicos españoles superarían cualquier otra motivación, facilitando la tarea expoliadora, tanto de la fuerza de trabajo de los naturales como de sus riquezas materiales. En este sentido el ejemplo más evidente sería el mostrado por la institución de las encomiendas, de las que hablaremos en otros apartados.

    Otro de los fenómenos que con frecuencia se produjo fue el del abandono, por parte de los indios, de sus propias comunidades, de forma temporal o definitiva. En esto influyó la imposición generalizada del pago del tributo tanto en moneda como en especies, ya que los encomenderos, con el fin de obtener mayores beneficios, obligaron a los indios a trasladarse desde sus poblaciones hacia los centros de producción, lo que provocó un continuo movimiento poblacional y un acrecentado desarraigo.

    El fenómeno del mestizaje se presenta, por el contrario, como el más destacado logro positivo de la presencia peninsular en suelo americano. El amplísimo conjunto de combinaciones establecidas entre la multitud de razas presentes constituyó un magno hecho, configurador de la actual realidad iberoamericana.

    Desde 1534 se va configurando en los territorios que comprenderá el Virreinato del Perú (1542) una sociedad inconexa y muy pronto escindida en soldados sin otro oficio, empujados hacia una constante guerra de ocupación sobre los territorios andinos, y una densa trama de oficiantes y prestamistas, administradores de rentas, clérigos de ocasión y testaferros. La historia de todos ellos, hasta 1569/1570 puede sintetizarse en una sucesión de trágicas acotaciones: guerras civiles, revueltas sociales, etc.

    Al Virreinato, imbuido de la necesidad de imponer la autoridad del Emperador, llegó Blasco Núñez de Vela en mayo de 1544. Antes de que pasaran dos años había estallado la rebelión de Gonzalo Pizarro, comenzando la llamada «Guerra de Quito». En uno de sus episodios, la batalla de Iñaquito, D. Blasco pereció degollado, quedando el Virreinato totalmente inoperante. La «Rebelión de los Encomenderos» ha triunfado, y no será sino hasta 1548, con Pedro de Lagasca, quien en la batalla de Jaquijaguana (cerca del Cuzco) derrota a Gonzalo Pizarro, en que se restaura el control de la Corona.

 

    LA  ADMINISTRACIÓN  COLONIAL. Las Indias quedaron ligadas a Castilla a través de dos organismos peninsulares, el Consejo Real y Supremo de las Indias y la Casa de la Contratación. Fundamentalmente pueden distinguirse tres etapas dentro de la formación del sistema organizativo indiano: una primera, que abarcaría desde el Descubrimiento hasta la creación de las primeras instituciones centrales; una segunda, período en el cual emergen todas las entidades gubernativas; y una tercera, que se desarrolla a partir del siglo XVIII.

    En la Casa de Contratación debían guardarse «todas las mercaderías e mantenimientos e todos los otros aparejos que fueren menester para proveer todas las cosas necesarias para la contratación de las Indias e para las otras islas e partes que nos mandaremos, e para enviar allá todo lo que convenga de enviar e para en que se reciban todas las mercaderías e otras cosas que de allá se enviaren a estos nuestros reinos». Asimismo, uno de los aspectos que más interesó y preocupó a la Casa de Contratación fueron los científicos y náuticos de las navegaciones a Indias, interesada en conocer todos los detalles de los viajes y descubrimientos de ultramar.

    El cometido más conflictivo de la Casa, sin embargo, fue la intervención en temas judiciales. Hasta la instauración de las Audiencias indianas ejerció jurisdicción sobre las tierras americanas y dispuso en temas administrativos, cuya competencia cedería con posterioridad al Consejo de Indias, creado en 1524. El Consejo de Indias con su nacimiento viene a reconocer la esencial importancia del gobierno de los territorios de ultramar dentro del Imperio. Este tenía funciones meramente consultivas, y los acuerdos adpotados sobre cualquier asunto eran elevados al rey en un documento denominado consulta, en el margen del cual el soberano escribía su decisión final, que no tenía que coincidir con la del Consejo, aunque esto no era lo normal.

    Las atribuciones de este organismo eran amplísimas, entendiendo en todas las materias concernientes a gobierno, justicia, guerra y hacienda, disponiendo de una abundante información acerca de la problemática americana de cada momento. En uso de sus facultades gubernativas, el Consejo proponía al monarca las personas elegidas para ocupar los cargos de virreyes, presidentes de Audiencias, gobernadores, oidores, fiscales y, en general, todos los puestos significativos en América. De igual manera, en el terreno eclesiástico, en virtud del Real Patronato otorgado por la Santa Sede a los reyes de Castilla, presentaba ante el soberano a los individuos designados para ocupar las distintas jerarquías eclesiásticas de Ultramar.

    En el aspecto judicial, el Consejo era la última instancia que entendía en las apelaciones contra las sentencias emitidas por las Audiencias indianas en material civil, la Casa de Contratación y los consulados de mercaderes de Indias; tenía plena competencia sobre los juicios de residencia, en la organización de las visitas generales y en las causas de fuero eclesiástico.

    En el terreno militar, intervenía en todos los temas relacionados con la organización bélica y defensa de las colonias ultramarinas, expediciones de conquista y cualquier aspecto relativo al plano castrense. De la misma manera, hasta 1557 dispuso de jurisdicción en las cuestiones de la Hacienda indiana, fiscalizando las distintas cajas reales y disponiendo de los recursos generados por los nuevos territorios.

    En el otro extremo de la organización administrativa se encontraban los municipios, a través de los cuales los colonos españoles asentados en Indias canalizaron sus deseos de participación en la organización y desarrollo de las ciudades donde vivían. Junto a éstos existieron unos municipios indígenas, cuyo origen hay que buscarlo en las pretensiones evangelizadoras y en el intento de acostumbrar a los naturales al régimen de vida hispano ya que se pensaba que la cristianización de los aborígenes, así como la divulgación de las costumbres occidentales, podía ser más efectiva si se les concentraba en unos lugares determinados.

    Estos municipios estaban dirigidos por autoridades autóctonas que de esta forma adquirían la experiencia necesaria para administrar a su propio pueblo según el modo español, todo ello encuadrado dentro de la idea de la Corona de establecer dos «repúblicas», la de los españoles y la de los indios.

    El organismo administrativo/político que mejor representó el espíritu del sistema español fue la Audiencia. Tuvo su origen en las Reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada, aunque con identidad propia, ya que pese a su carácter de órgano colegiado de administración de justicia, no le impidió ejercer también funciones de gobierno que en España nunca ostentó.

    Podemos distinguir tres tipos de Audiencias: las virreinales, situadas en la capital del virreinato, y cuyo presidente era el propio virrey; las pretoriales, al frente de las cuales estaba un presidente gobernador con total autonomía, que comunicaba con el rey directamente a través del Consejo de Indias; y las subordinadas, con un presidente letrado, que dependían del virrey o gobernador más próximo en materia de gobierno, hacienda y guerra, manteniendo la independencia en la administración de justicia.

    Una Audiencia estaba compuesta por su presidente, un número variable de oidores (generalmente cuatro), que fue cambiando según la complejidad de los asuntos sometidos a su jurisdicción, un fiscal y una serie de funcionarios menores (alguaciles, relatores, escribanos, etc.). Las Audiencias debían informar en todo momento a la Corona de la situación general de sus circunscripciones con vistas a determinar qué disposiciones podían emitirse para mejorarla, qué funcionarios hacían falta o cuáles no cumplían su cometido.

    Durante la primera mitad del siglo XVI, en el área que nos ocupa, se crearon las Audiencias de Lima (1543) y Santa Fe de Bogotá (1548), mientras que hemos de esperar hasta 1563 para asistir a la fundación de la Real Audiencia de Quito. Jurídicamente Hispanoamérica estuvo dividida en Audiencias, siendo la de Quito la que compete a la totalidad de lo que hoy es territorio ecuatoriano y parte del Sur de Colombia. Militarmente se reprodujeron las circunscripciones de las Audiencias, con Presidencia en la autoridad virreinal superpuesta, creando conflictos administrativos: el presidente de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá era capitán general en Popayán, pero para levantar tropas en dicho territorio tenía que pedir autorización a la Audiencia de Quito, la cual se la negaba a veces, teniendo que mediar el Consejo de   Indias.

    El virreinato, al que nos hemos venido refiriendo, fue la institución indiana de mayor rango, fundándose en 1535 para México y consolidado en 1542 al fundarse el del Perú, marcando las dos grandes áreas de control de la América hispana.

    De esta manera, la organización institucional de la administración indiana hispanoamericana sería la siguiente:

 

    CORONA - VIRREINATO - GOBERNACIÓN - AUDIENCIA - CABILDO

    contando con cinco poderes que fueron: gubernamental, militar, judicial, hacendístico y religioso, intentando, a fin de no multiplicar innecesariamente el personal de la administración, que un mismo funcionario cubriese varios cargos.

    Tras las huellas de los conquistadores llegaron a Indias los burócratas, que en poco tiempo se hicieron dueños de ellas y las administraron tanto para el Rey de España como para su propio provecho. Estos «golillas»  -nombre despectivo por los que los conocían los hombres de armas- , extraídos de los sectores humildes españoles y formados en letras gracias a la merced real, fueron los leales defensores de la monarquía, junto con el estamento nobiliario, al que se confió la alta administración indiana.

    En orden descendente, la administración general o territorial conllevaría los siguientes cargos: Virrey; Capitulante-Gobernador y Adelantado, figuras que desaparecerán según vayan extinguiéndose las gestas de conquista; Gobernador Real, máximo responsable de la Audiencia; Visitadores; Tesoreros; etc.

    En el siguiente nivel se halla la administración local o de los Cabildos, en donde existe una mayor diversidad de cargos y, según la importancia del Concejo, un número variable de funcionarios ocupados de actividades específicas dentro de cada uno de ellos. Así encontramos: Alcaldes Mayores o Jueces Municipales, Concejales o Regidores, Alcaldes Ordinarios, Concejales Ordinarios, Alféreces Reales, Depositarios Generales, Fieles Ejecutores, Receptores de Penas, Alguaciles Mayores, Alcaldes de Hermandades, Procuradores Generales, Escribanos, etc.

    Todo el aparato burocrático y administrativo de indias, creado en la Península, dependía de los correos, que debían cubrir la enorme distancia existente entre los países metropolitanos y los reinos y provincias americanas. Resultas de este complejo entramado burocrático que conllevaba una gran lentitud en la toma de decisiones, al anquilosamiento de la política de la Corona y a las presiones, políticas o guerreras, de potencias extranjeras, la América colonial fue sufriendo un paulatino estrangulamiento socio-económico.

    Tras el Tratado de Utrech y el advenimiento de la dinastía borbónica a la corona española (1713), el problema fundamental que se plantea es cómo sacar tanto a la metrópoli (España) como a las colonias americanas de la decadencia general en que había caído durante el reinado de los últimos Austrias.

    De acuerdo con lo expuesto en 1748 por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su famosa obra Noticias Secretas de América, preparada durante la expedición de La Condamine a Quito, el problema es la desconexión entre el poder central y el de ultramar. Así, por ejemplo en Perú, centro tradicional del poderío español en Sudamérica, todos los grupos e individuos situados en puestos de autoridad  -virreyes, oidores, corregidores, funcionarios del tesoro, etc.-  no acataban ninguna orden de Madrid si no les convenía.

    La falta de respeto a la justicia y al orden, el abuso de poder, la apropiación ilegal de bienes, el funcionamiento del soborno, la compra de cargos, la corrupción generalizada en los distintos ámbitos del poder y la mala administración fiscal, incluyendo la apropiación y cobro indebido de impuestos, habían puesto estos territorios en una situación caótica.

    Estos y otros problemas referentes a América se abordaron fundamentalmente durante el reinado de Carlos III (1759-1788), quien empezó por enviar visitadores a las colonias para proyectar toda una serie de reformas estructurales destinadas a reforzar la autoridad de la Corona, destacando entre ellas las referidas al comercio, que trataremos en otro apartado.

    Hasta cierto punto, la reforma comercial tenía también unos objetivos estratégicos. En 1717, gran parte del virreinato del Perú se había separado de éste para formar uno nuevo, el de Nueva Granada (Ecuador, Colombia y Venezuela), gobernado desde Santa Fe de Bogotá. Al principio esta división fue temporal, pero en 1739 se hizo permanente, encontrándose entre los motivos del cambio la necesidad de tener más cerca del Caribe recursos militares suficientes para defender al imperio de posibles ataques británicos.

    De esta manera se potenció la acción defensiva de los territorios americanos. Nueva Granada, que era más vulnerable que Perú a los ataques extranjeros, contaba con unos 3.000 soldados repartidos entre Cartagena y Panamá, con pequeños destacamentos en Santa Fe y Quito.

    En Bogotá la burocracia colonial compensó la influencia de los militares, mientras que en Quito y Guayaquil, ciudades más aisladas, el militarismo arraigó a finales del siglo XVIII y floreció después de la independencia.

    La reforma de todos los campos de la administración fue otra de las empresas acometidas en estos momentos por Carlos III quien, con ayuda del conde de Floridablanca, aplicó muchas de las reformas efectuadas en la Península por Felipe V y Fernando VI. Con ello se consiguió erradicar el fraude y la corrupción, produciéndose un incremento considerable de los ingresos de la Hacienda, y reforzar la autoridad de la Corona, mejorando la honradez de los administradores ante la población criolla e indígena, base ciudadana colonial.

    España acabó el siglo XVIII del mismo modo que lo había comenzado: envuelta en un importante conflicto internacional que paralizó el intercambio comercial con las posesiones americanas debido a un largo bloqueo naval impuesto a sus puertos por Inglaterra.

    Los puertos americanos, y en general todas las colonias, pudieron seguir funcionando económicamente gracias al acceso de barcos de otras nacionalidades. España recuperó el control sobre este comercio, pero poco a poco tuvo que ir cediendo parte de su monopolio, autorizando en 1805 el comercio neutral, que llegó a suponer en 1808 el 95% del comercio de exportación e importación.

    En estos momentos se están empezando a vivir los primeros movimientos de liberación en el territorio sudamericano, aún débiles y sin muchos apoyos sociales y económicos, como es el caso de F. de Miranda en el territorio Venezolano. Sin embargo, el germen libertario ya estaba sembrado.

 

    LA  ADMINISTRACIÓN  COLONIAL  Y  LA  CIUDAD  DE  QUITO.  Tras sucesivas refundaciones, definitivamente la ciudad de Quito queda asentada, en el territorio en el que hoy la conocemos, en el año 1534. Aquí comienza su andadura, se ponen en funcionamiento los órganos administrativos (cabildo), se lleva a cabo un primer trazado urbanístico y se reparten los solares.

    El 14 de marzo de 1541, apenas siete años después de su fundación, en la villa de Talavera (España), Carlos I concede a San Francisco de Quito el título de Ciudad, gracias a sus méritos y a que ya reúne una serie de requisitos formales y económicos para ser considerada como tal, ascendiendo en el rango de las fundaciones españolas en Sudamérica.

    Apenas había transcurrido un año de la concesión del título de Ciudad a Quito, cuando un nuevo documento, fechado en Valladolid el 4 de marzo de 1542, determina que cada dos años se envíe al Rey, a través del Consejo de Indias, una completa relación de personas idóneas para los distintos puestos de la administración quiteña, dando como razón «que esa ciudad está poblada de conquistadores y personas muy honradas e hijosdalgo que nos han servido y sirven en todo lo que se ofrece».

    Con la misma fecha se expide otro documento por el cual no se quite a ningún encomendero, por razones de ausencia, los indios de su encomienda. Se esgrime como razón Real los servicios de los conquistadores-encomenderos a la Corona, motivo por el cual habían de abandonar la plaza con cierta asiduidad. Se plantea que es mejor para los indígenas de una encomienda que se mantengan en ella, aunque se ausente temporalmente el encomendero, que anden cambiando continuamente de encomienda.

    No menos trascendental para la vida quiteña fueron los Reales Despachos, como la Real Cédula dada en Valladolid el 14 de agosto de 1543, que facultaban a la administración para proveer a los monasterios de lo necesario para el culto, así como el apoyo de la Corona para la construcción de templos, como ocurriría en el caso del Monasterio-Templo de Santo Domingo.

    Producto de este favor Real es el famoso Convento de San Francisco de Quito, en el que también intervino el hecho de que llegaran a la ciudad dos franciscanos flamencos, amigos muy queridos del Emperador: Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gosseal, que junto con el castellano Fray Pedro Rodeñas, tomaron a su cargo la construcción de este famosísimo templo.

    El 8 de enero de 1545, contando con el poder otorgado por la Santa Sede gracias al Real Patronato de las Indias y a instancias del Papa Pablo III que expidió la Bula Super specula militantis Ecclesiae, la Corona crea el Obispado de Quito, dando un especial apoyo a la obra evangélica en estos territorios. Según la Bula papal, la nueva Catedral debía erigirse bajo la advocación de la Santa Virgen María y los Prelados debían titularse Obispos de San Francisco de Quito, y otorgaba a la Corona el patronato sobre la Catedral de Quito, por lo que podrían presentar a los sacerdotes idóneos para el obispado.

    El Padre Garci Díaz Arias, del que desconocemos su fecha de nacimiento, sacerdote de la diócesis de Toledo y natural de Consuegra, fue el primer Obispo de Quito. Recibió su consagración en el Cuzco por el Padre Fray Juan Solano, segundo Obispo de esta ciudad. A finales del mes de abril de 1562 muere en Quito tras haber llevado a cabo una oscura pero intensa labor, siendo sustituido por el hasta ese momento Arcediano Pedro Rodríguez Aguayo.

    Asimismo, en sendas Reales Cédulas fechadas en Valladolid el 14 de febrero de 1556, se otorgaban a la ciudad dos grandes beneficios: la posesión de un Estandarte Real y el título de Muy Noble y Muy Leal, resultado del apoyo de la ciudad a la causa de la Corona en su lucha contra las diversas, aunque ligeras, sublevaciones indígenas y por el apoyo de la Gobernación quiteña a Pedro La Gasca en su enfrentamiento con el insurrecto Gonzalo Pizarro.

    Con 3 de las 22 naves que contaba su flota, La Gasca parte desde Panamá hasta la Gobernación de Quito, haciéndola su base de operaciones para abortar la rebelión. Se asienta en el puerto de Manta, desde donde dirige sus famosos memoriales, y controla una red de «espías» que resultan decisivos para su victoria final. Además, la gobernación quiteña le suministró provisiones y otros elementos que escaseaban y, por medio del Cabildo de Quito, le expresó su total sometimiento y apoyo.

    Desde la ejecución de Gonzalo Pizarro un Corregidor y Justicia Mayor y su Cabildo gobernaban el territorio hasta que por exigencias de la Asamblea, reunida en San Francisco de Quito, el rey Felipe II expidió una Real Cédula por la cual se crea en la ciudad una Audiencia y Chancillería Real, lo que le confería autonomía en los asuntos jurídicos, pero continuaba bajo la administración general del virreinato del Perú. Actúa como primer presidente de ella el Licenciado Hernando de Santillán, en un distrito que se extiende hasta Paita, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones exclusive por el Sur, y que comprende, por el Norte, Buenaventura, Pasto, Popayán, Cali, Buga, Champanchica y Guarchicona.

    Santillán inaugura, junto con la presidencia quiteña, los problemas jurisdiccionales, así como la tendencia de estos cargos por conseguir la autonomía para su región administrativa. Hubo casos verdaderamente peregrinos como el nombramiento simultáneo de dos tenientes de gobernador para pacificar y poblar la provincia de Esmeraldas, uno de ellos nombrado por el presidente quiteño y otro por el limeño. Con todo, el Reino fue saliendo adelante hasta que sobrevino la revolución de las alcabalas.

    A comienzos del siglo XVII la presidencia quiteña estaba ya bien delimitada y comprendía la provincia de Quito, gobernaciones de Esmeraldas, Quijos Y Yagursongo y los cuatro corregimientos de Guayaquil, Jaén, Loja y Cuenca, amén de la parte meridional de la gobernación de Popayán. La autonomía quiteña fue en realidad reflejo de su desarrollo económico. El aumento de la población indígena permitió una buena base agropecuaria y el desarrollo de la hacienda, así como la elaboración de textiles que se intercambiaban con el Nuevo Reino de Granada y el Perú por oro y plata.

    Verdaderamente Quito tuvo una situación geográfica privilegiada entre estos dos grandes polos mineros. Por Real Cédula de 20 de agosto de 1739, promulgada en 1740, la Audiencia de Quito deja de pertenecer al virreinato del Perú para incorporarse al recién creado de Nueva Granada.

 

    REVUELTAS  Y  REBELIONES  EN  EL  ECUADOR  COLONIAL. La conquista española inicia el proceso de transformación de la colectividad indígena dentro de una situación colonial, definida por la dominación que una sociedad  -la española-  impone sobre otra  -la indígena- , tanto en el plano social como político o económico. Sin embargo, también se produce una situación de choque de intereses entre distintos estamentos de la nueva sociedad dirigente. Por un lado encontramos los intereses de la Corona y por otra la de los conquistadores, posteriormente hacendados-encomenderos y comerciantes, que defenderán tanto sus derechos adquiridos, como su influencia social o posibilidades de crecimiento económico.

    Desde el punto de vista geográfico, las sublevaciones indígenas de la Audiencia de Quito jamás lograron alcanzar las enormes dimensiones que consiguieron los movimientos subversivos en la zona meridional del Cuzco. Las rebeliones quiteñas fueron levantamientos geográfica y temporalmente limitados y, en su mayoría, abarcaron escasas comunidades. En ningún momento lograron coordinar sus caudillos un movimiento subversivo que se extendiera a lo largo del extenso territorio dependiente de la Audiencia.

    La sublevación realizada en Otavalo, aunque fue la más extensa geográficamente y varios de sus jefes tuvieron la consigna de avanzar hasta Pasto para luego conquistar Quito y Guayaquil, no rebasó en la realidad los límites de su corregimiento. Hacia el Norte alcanzaron la quebrada de Arcos, considerada como frontera entre los partidos de Otavalo e Ibarra, y hacia el Sur tomaron la población de Cayambe.

    Algo semejante ocurre con las insurrecciones hispanas contra las decisiones de la Corona, que se circunscriben a ámbitos reducidos aunque, en este caso, están sirviendo de abono al germen independentista de una sociedad indiana que empieza a ver la metrópoli peninsular, alejada tanto física como mentalmente, como un impedimento para su desarrollo integral.

    Tributos e impuestos son las principales motivaciones que encontramos en los distintos movimientos insurgentes durante la colonia. En el caso de los españoles por las sucesivas cargas económicas con las que la Corona intenta obtener mayores beneficios que apoyasen la maltrecha economía del Estado. En el caso de los indios hay que sumar la problemática del tributo no sólo pecuniario, sino también el del trabajo personal, ya sea como encomendado o como mitayo, lo que podía conllevar también desarraigo y aculturación.

    Durante el siglo XVI encontramos sobre todo pequeños focos, bien de resistencia o de insurgencia contra el nuevo poder establecido, como es el caso, en 1550, de Quilca, Lita y Caguasqui, pueblos de la actual provincia de Imbabura, que intentaron sacudirse el yugo colonial y dieron muerte a varios españoles, entre ellos a sus encomenderos. Su pacificación parece que duró algunos años y en ella intervinieron tropas indígenas bajo el mando de D. Francisco Atahualpa, uno de los hijos del Inca.

    Un elemento anecdótico lo supone el levantamiento, contra algunos caciques esmeraldeños, de un grupo de negros náufragos de un barco esclavista y que habían caído en manos de los señores naturales. Resulta curioso que muy prontamente tenemos noticias de caciques negros en Esmeraldas.

    Gran repercusión tuvieron, dentro del mundo hispano, primeramente las guerras civiles entre Pizarristas y Almagristas y posteriormente la sublevación de Gonzalo Pizarro contra el poder de la Corona.

    En 1592 una Real Cédula de Felipe II impuso la tasa de alcabalas por la que se producía un aumento en los impuestos sobre la venta de alimentos, tejidos y demás mercaderías.

    La Cédula fue publicada por la Real Audiencia encontrándose con la oposición del Cabildo de Quito que difundió el rumor de una instigación para la creación de la tasa por parte del Gobernador. Esto hizo que la población se amotinase, haciendo refugiarse al Presidente de la Audiencia en un monasterio, mientras que los Oidores lo hicieron en el convento de San Francisco, que fue sitiado.

    Mientras tanto, el Cabildo lanzó un bando en el que amenazaba con pena de muerte a quienes intentasen darles alimento o cualquier ayuda. Es lo que se conoce con el nombre de «revolución de las alcabalas».

    El pueblo eligió como su rey a un caballero apellidado Carrera, quien se negó a aceptar la corona aduciendo que ello era una falta de lealtad y respeto al legítimo soberano.

Ante su negativa su casa fue arrasada y él despojado de sus vestidos y golpeado hasta dejado por muerto.

    Tras diez meses de agitación y enfrentamientos con la autoridad se puso fin a este levantamiento con la ejecución de 24 conspiradores y exponiendo sus cabezas al público en jaulas de hierro.

    A lo largo del XVII encontramos dos tipos de confrontaciones: las numerosas que se desarrollaron en las zonas fronterizas de conquista (regiones selváticas de la cuenca del Amazonas y del Litoral) y las protestas de los indios del Altiplano contra las instituciones del régimen colonial, entre las que destacan las encomiendas y la mita.

    Es el siglo XVIII el que presenta el conjunto más numeroso y homogéneo de movimientos subversivos indígenas, los que inaugurarán una tradición de rebeldía, que rebasará hasta la era republicana. Especial significación tienen los levantamientos provocados por las reformas administrativas llevadas a cabo durante el reinado de Carlos III, rebeliones que estaban dirigidas contra la aplicación del primer censo de la población y contra las modificaciones de la política fiscal, las que en unión con las repercusiones del mercantilismo agudizaron la decadencia económica en los territorios de la Audiencia de Quito.

    Así, entre otras, caben destacarse, como modelos de los distintos problemas que se planteaban las siguientes:

    - La rebelión de Pomallacta (1730), provocada por un intento de usurpación de tierras, por parte española, ante un supuesto impago de tributos.

    - La del Asiento de Alausí (1760), que más que una sublevación formal contra las instituciones coloniales se trata de un tumulto popular en defensa de un indio frente al cura de Guasuntos.

    - La de villa de Riobamba (1764) contra la mita de gañanía, tanto de los indígenas de este territorio como de los que habían venido como forasteros. Ésta parece ser una de las más organizadas ya que existía un plan preconcebido, unos cabecillas de la rebelión e incluso unos supuestos gobernantes que serían reconocidos tras la caída de los españoles.

    - En San Miguel de Molleambato (1766), provocado por un adelantamiento del pago del tributo personal y por el abuso de exigir una serie de servicios personales, así como el abuso de las mujeres de la población por parte de los recaudadores a cambio de extenderles los recibos justIficantes del pago de estos tributos.

    - En el Obraje de San Ildefonso (1768), que siendo propiedad de la Compañía de Jesús, tras su expulsión pasó a manos de la Corona. Esta delegó en un administrador, que aumentó las tareas y obligaciones de todo tipo de los que allí vivían, siendo los beneficios de este trabajo extra para el administrador y no para la comunidad o la Corona.

    - En el Corregimiento de Otavalo (1777), quizás una de las sublevaciones más importantes de las sufridas en los territorios de la Audiencia en todo el período colonial. Tiene su origen en la orden dada por el Obispo de Quito a todas las parroquias para que hiciesen un censo anual de los habitantes de su territorio, en el que hubiese una referencia completa de nacimientos, defunciones, tareas realizadas, desplazamientos, así como de cualquier movimiento migratorio, haciendo constar tanto el origen como el destino de éstos. Los indios pensaron que se trataba, como habían propagado ciertos infundados rumores, del establecimiento de la aduana y que entonces «no habría indio a quien no se le pusiese la marca», ejerciéndose un férreo control sobre ellos, su libertad y su fuerza de trabajo.

    La sublevación tiene su origen en Cotacachi y sus alrededores, llegando la noticia a la capital del corregimiento, desde donde se mandó a un grupo de españoles que fueron rechazados, e incluso mataron a uno, cerca de la población levantada. Al día siguiente se inició la rebelión en la propia Otavalo, uniéndose a la causa del supuesto establecimiento de la aduana los abusos sufridos por los indios de los corregimientos, obligados a trabajar en condiciones casi de esclavitud.

    Como ya ha quedado dicho, pronto cobró una gran fuerza, por lo que se comenzó a plantearse su expansión por nuevos territorios, llegando incluso hasta el intento de conquista de Quito y Guayaquil. Sin embargo, en su momento más álgido conquistó la población del Cayambe y llegó hasta la zona fronteriza con Ibarra, donde los alzados sufrieron un gran revés en la zona de la Quebrada de Arcos, es el conocido «encuentro de Agualongo».

    Poco a poco se fueron controlando los distintos focos de insurrección y para los ultimos días del año la rebelión había sido sofocada e incluso se habían llevado a cabo los juicios por las acciones realizadas.

    Muchos indígenas y mestizos murieron en esta revuelta y otros muchos fueron castigados a penas de prisión o trabajos forzados. Todos los cabecillas que fueron reconocidos, de cada una de las poblaciones levantadas, fueron ejecutados.

Otros movimientos insurgentes representativos de la conflictividad del siglo XVIII y que se irán sucediendo hasta ya entrado el XIX, desapareciendo con el inicio de la lucha independentista, son: el levantamiento de Guano (1778), por motivos similares a los de Otavalo; el de la Tenencia General de Ambato (1780), motivado por las reformas económicas de Carlos III, con nuevos impuestos de alcabalas, o sobre el monopolio de los Estancos; el de la comarca de Alausí (1781), en donde entran en juego problemas de competencias de los señores étnicos y la administración española; el del pueblo de Chambo (1797), debido al incremento de la presión fiscal; y el de Guamote y Columbe (1803), debido a problemas con la recaudación del diezmo eclesiástico.

    También durante el siglo XVIII se vivieron momentos de tensión entre la Corona y los españoles de ultramar, reflejado tanto en pequeñas revueltas como en grandes estallidos contra el poder central. Por un lado estaba el problema de que la sociedad criolla reclamaba cada vez más su participación en los asuntos de la alta administración de las Indias, cargos que sistemáticamente eran ocupados por miembros de la nobleza venidos desde España. Por otra parte estaba el del aumento de las distintas tasas tributarias con el fin de sanear, a costa de las colonias, una maltrecha economía herencia de los Austrias.

    Entre las más conocidas de estas revueltas populares, debido al hecho de que reunió en un mismo frente a españoles, criollos, mestizos, cholos e indios, se encuentra la Revolución de los Estancos (1765). El virrey Pedro Messía de la Cerda, viendo los posibles beneficios a obtener por el comercio del aguardiente se decidió por controlarlo de una manera más exhaustiva, poniéndolo en manos de funcionarios reales, en detrimento de la concesión hecha hasta ese momento a particulares. De esta manera, al igual que había hecho con otras muchas mercaderías, creó el Real Estanco de Aguardiente, fijando no sólo los precios del mismo, sino también unos impuestos tanto sobre su consumo como sobre su fabricación y comercialización.

    La respuesta de la población no se hizo esperar y se produjo un enfrentamiento con los funcionarios reales, al principio pacífico. Este choque fue creciendo en intensidad saliendo a la luz otra serie de problemas y rencillas entre los distintos grupos y estamentos.

    El sentimiento nacionalista, provocado por una nefasta política de la Corona, estaba gestándose. Todo ello desembocó en un verdadero movimiento revolucionario, sofocado con grandes problemas por los realistas y reprimido con una inaudita crueldad.

 

LOS NUEVOS MODELOS SOCIALES

 

    GENERALIDADES. Tras las fases iniciales de descubrimiento y conquista, la Corona española aborda la cuestión quizá más interesante dentro del fenómeno del encuentro del Viejo Mundo con el Nuevo: el de la colonización. La seguridad de la pertenencia de los territorios americanos a España se garantizaba, entre otras medidas, con el envío de pobladores hispanos que fundaran ciudades y que trasladaran sus pautas de vida, organización y comportamiento a los nuevos territorios.

    Estos colonos que emigrarán a América encontrarán en ella una población autóctona con la cual habrán de convivir y, en algunos casos, se mezclarán. Asimismo, al poco tiempo, un nuevo elemento racial hará acto de presencia, nos estamos refiriendo a los negros africanos, que aunque presentes desde las primeras expediciones de conquista, se convierten ahora en una insustituible mano de obra esclava.

    De los tres grupos, el indígena es el que mayor impacto sufre con el encuentro; le sigue el colectivo negro que aunque se adapta a su nuevo hábitat no puede olvidar, al menos en las primeras generaciones, la práctica imposibilidad del regreso a su tierra de origen. Sólo al blanco europeo le cabrá la posibilidad de elegir entre asentarse de una manera estable y definitiva en Indias o retornar a la Península.

    El deseo de la Corona de que pasasen a Indias personas capacitadas para extraer los máximos recursos de los territorios descubiertos hizo que el traslado de los colonos no fuera un movimiento espontáneo, sino fijado por ley. Trataban los monarcas con ello de garantizar el paso a América de una población de gran honradez, alejando a aventureros y buscadores de fortuna, en la medida de lo posible.

    La Casa de Contratación fue la encargada de vigilar y orientar la emigración a ultramar, que precisaba de una licencia (expedida a partir de 1546 por el Consejo de Indias) y la anotación en los libros correspondientes del nombre de aquellos que decidían embarcarse rumbo al Nuevo Mundo. Aunque el control no siempre funcionó con la misma severidad y los casos de fraude sucedían con bastante frecuencia, el Estado mantuvo una preocupación constante por la calidad de los viajeros que iban a integrar las nuevas villas y ciudades americanas.

    No existe un acuerdo general sobre los estratos sociales a los que pertenecían los emigrantes a Indias. Hay quien afirma que la proporción de gente hidalga fue bastante cuantiosa, mientras que otros plantean una presencia de todos los estratos de la sociedad, aunque con claro predominio de personas humildes, movidas por el íntimo deseo de mejorar de fortuna. Las promesas de concesión de tierra, aperos de labranza, simientes y animales, junto con la exoneración de tributos, ofrecidos por el Estado impelieron a no pocos agricultores a emigrar. Igual podríamos apuntar para artesanos, pequeños comerciantes, obreros y demás integrantes de profesiones modestas.

    Hemos obviado la presencia de los conquistadores por lo mucho que sobre ellos se ha hablado. En este grupo encontramos también gentes de todos los estratos de la sociedad, aunque es de destacar un grupo, el de los hijos no primogénitos de miembros de la baja nobleza, que iban a buscar la fortuna que la ley de herencia les había negado.

Bien pronto, la Corona comprendió que la estabilidad de los dominios ultramarinos exigía la presencia allí de una población arraigada y sedentaria.

    Nada mejor para ello que favorecer la emigración de familias completas. De ahí la evolución de la legislación respecto del paso de mujeres y la obligatoriedad de pasar con su cónyuge a los casados, como ordena Carlos I en 1536 para los territorios de lo que será años más tarde el virreinato del Perú.

    El otro grupo que iba penetrando en el entramado social de lo que será la colonia es el de los esclavos negros. En el período entre 1500 y 1599 se expidieron licencias para la introducción de un total de 119.377 esclavos, aunque se duda de que fuesen utilizadas en su totalidad. De hecho, el investigador F. Bowser señala para Perú la presencia, en 1586, de unos cuatro mil africanos.

    Durante la primera mitad del siglo XVI la mayor parte de los africanos llegados a América procedían de la costa occidental de África, de la región situada entre los ríos Níger y Senegal. A medida que este comercio fue en aumento la búsqueda de nuevas fuentes de obtención de esclavos sufrió un desplazamiento constante hacia el Sur, a los golfos de Benin y Biafra, hasta llegar a Angola, que acapararía el protagonismo principal a partir de 1575.

    El tercer grupo de este nuevo tejido social es el compuesto por la población aborigen de los nuevos territorios. Estos grupos pasaron de ser los orgullosos señores naturales de los territorios a encontrarse en un estado de sometimiento, cuando no de esclavitud, al hombre blanco.

Mucho se ha hablado de las causas del significativo descenso demográfico de la población indígena, siendo posiblemente no una sino varias las causas que se coaligaron para llegar a este triste resultado.

    Las muertes de los nativos a causa de los enfrentamientos bélicos con los españoles no supusieron, en términos relativos, unas pérdidas cuantiosas en exceso debido, sobre todo, a que la conquista fue rápida y tras ella no sobrevinieron guerras de la misma intensidad. La encomienda, la mita y el trabajo en las minas también resultaron de una influencia a contrastar en el desastre demográfico. Una mayor incidencia tuvieron otros factores como el requisamiento de alimentos a los poblados nativos, el impacto psicológico de su derrota y dominación por un pueblo extraño  -la tristeza ante una conquista irreversible-, la pérdida de sus elementos socioculturales referenciales, la pérdida de interés por seguir viviendo, la abstinencia sexual, etc., pudiendo describirse esta situación como de desgana vital.

    Sin embargo, la causa principal del desplome poblacional fue la serie de enfermedades y epidemias introducidas por los europeos en el Nuevo Mundo, y para las cuales el organismo indígena carecía de las defensas biológicas precisas. El cuasi aislamiento del continente americano había dejado a sus naturales sin inmunidad frente a agentes patógenos externos productores de la viruela, el sarampión o la gripe, cuya difusión en América causó una pavorosa mortandad entre los aborígenes.

    A la llegada de los españoles, el número de indígenas que habitaban el ámbito del Imperio Inca (Bolivia, Ecuador y Perú) quedaría cifrado en unos seis millones. Las fuentes historiográficas y etnohistóricas modernas han calculado un descenso poblacional, para mediados del siglo XVII, entorno a un valor de una cuarta parte, o lo que es lo mismo, de un millón y medio de personas.

    Hasta que se descubrió América, las sociedades habían tenido la piel de un color, o a lo sumo de dos, figurando entonces uno de ellos como exótico. Lo usual había sido que los grupos blancos o despigmentados por falta de melanina vivieran en Europa, los negros o más pigmentados en Africa, y los intermedios o mongólicos en Asia o en América.

    Todo esto se alteró con la colonización de América, ya que su población de origen mongólico hizo frente a una invasión de blancos mediterráneos que trajeron esclavos negros para trabajar.

    A mediados del siglo XVI América era ya un continente habitado por una sociedad tricolor  -la única que existía-  y en la que además empezaban a verse seres humanos de todos los colores posibles, ya que surgía una generación mestiza (mezcla de blanco e indio) y otra mulata (blanco con negro). No tardarían mucho en aparecer también los zambos (mezcla de indio y negro). El Nuevo Mundo estaba ya poblado por la raza telúrica, como diría Vasconcelos, porque en él se daban cita todas las variedades posibles de la especie de los homo sapiens.

    El asunto habría carecido de toda importancia de no ser porque el color de la piel se relacionó, desgraciadamente y con prontitud, con la condición social de los que la portaban, como si heredar unos u otros genes fuera un mérito personal. Ser blanco significaba pertenecer a la sociedad dominante o de «arriba», mientras que ser negro equivalía a ser esclavo o de «abajo». Ser indio era estar abajo, pero un escalón más alto que los negros.

    La cosa se complicó más con el mes-tizaje, pues permitió toda una gama de tonalidades discriminatorias, con peldaños intermedios que regulaban el acceso a los derechos, a los bienes y hasta el uso de la mano de obra. Si a todo ello unimos la diferenciación social de clase que regía para los blancos en España y que se traspasó íntegra a América, entremezclándose con el nuevo conjunto racial, el grado de complejidad del entramado social de las colonias era en extremo complejo y por lo tanto fácilmente sometido a todo tipo de tensiones.

    Aunque volveremos a desarrollar esta idea, simplificando el problema podemos decir que el blanco tenía todo, o por lo menos acceso a todo; el negro no tenía nada y los indígenas sólo podían acceder a ser libres dentro del férreo control blanco.

    El estamento indígena no podía soñar con acceder a cargos públicos ni el negro con obtener su libertad, salvo muy excepcionalmente. Y así cada estamento empezó a ambicionar lo que no podía alcanzar. Los criollos querían ser iguales que los españoles, los mestizos querían ser grandes terratenientes como los criollos, los indios querían ser pequeños propietarios como los mestizos y los negros querían la mínima libertad que se había dado a los indios. Nadie hizo nada por cambiar aquello durante siglos, y cuando al final se «destapó la olla» de aquel caldo de cultivo humano, los de arriba se sorprendieron de que unos pidieran igualdad, otros tierra y los más libertad. Todo menos fraternidad.

    En la época colonial, como hemos dicho, se llamaba mestizo al hijo de una unión entre español e india. Si tal unión estaba bendecida por la Iglesia el hijo pasaba a ser español. La unión de una española como un indio era inimaginable. El mulato era siempre considerado fruto de una unión extramatrimonial con esclava y por tanto de un origen que se calificaba como «infamante». Las indias bautizadas podían ser buenas amantes y excelentes esposas, pero sin agua bautismal ni lo uno ni lo otro. Los prejuicios religiosos, y en realidad sociales, no tenían fundamento racial.

 

    El fenómeno de la mezcla racial en Iberoamérica caracterizo a su sociedad respecto de otras que fundaron los europeos en el Continente, ingleses y holandeses principalmente, y se originó por el sistema de conquista y por la falta de mujeres europeas. Este «mestizaje» fue extendiéndose rápidamente durante el XVI, amparado siempre en el grupo blanco progenitor, llegando a alcanzar a fines de siglo al 2 por ciento de la población.

    La aparición de mestizos ilegítimos a mediados del XVI motivó la primera legislación discriminatoria contra ellos. En 1549 se les prohibió tener indios repartidos, disfrutar de encomiendas por sucesión y desempeñar oficios públicos. En el siglo XVII los mestizos se despegaron totalmente de los blancos y se configuraron como un grupo propio. Las razones que influyeron en la nueva situación fueron, posiblemente, su aumento numérico y que las uniones de españoles con indias fueran ya infrecuentes. La selectividad de la mujer blanca para matrimoniar con varones de su propia etnia obligó a los mestizos a buscar pareja dentro de su propio grupo, frecuentemente mediante el matrimonio o a unirse con indias sin el menor vínculo legal.

    Se les prohibió portar armas, ser caciques o protectores de indios, escribanos, corregidores y alcaldes mayores, así como sentar plaza de soldado, obtener grados universitarios y acceder a las órdenes sagradas, salvo en el caso de ser hijos legítimos. El problema no habría sido grave de no haber sido un grupo numeroso; de hecho se calcula que para 1650 los mestizos en Iberoamérica sobrepasaban los 400.000, de los que 160.000 se encontraban en Sudamérica.

    Los conquistadores y sus hijos, la nobleza española, la alta nobleza indígena, los altos funcionarios y el alto clero formaron la aristocracia indiana. Como puede verse, el único sector exótico era la nobleza indígena, que pronto quedó sin prestigio y con la única misión de mantener a sus comunidades dentro del orden existente. Debajo de esta aristocracia venían diversos estratos en los que se incluían los propietarios medios, los granjeros, los oficiales mercaderes, los miembros de la administración provincial y local; en el siguiente estrato encontraríamos los jornaleros, artesanos y pobres y, por último estarían los miserables, los vagos, maleantes, prostitutas y, fuera de esta clasificación, y totalmente desclasados, los esclavos negros.

    Como ya apuntamos, América se encontraba administrativamente en manos de los golillas, de origen humilde, defensores a ultranza de la monarquía junto con el estamento nobiliario. Esta situación de control se mantuvo inalterable hasta el siglo XVII, cuando entró en la burocracia americana un nuevo grupo, el de los criollos, que se habían formado en las universidades indianas.

    La burocracia criolla entró en conflicto con la burocracia peninsular de origen llano, pero no se atrevió a enfrentarse con la nobleza administrativa, a la que trataba de emular. Esto evitó que se produjeran problemas independentistas durante el XVII. Sin embargo el siglo XVIII, sobre todo desde su segunda mitad, fue escenario de un asalto al poder por parte de estos grupos y un mantenimiento a ultranza de los enviados de la Corona, lo que llevó a una situación insostenible que desembocaría en el proceso independentista.

 

    ASPECTOS  DEMOGRÁFICOS  DEL  ECUADOR  COLONIAL. Particularmente interesante es la demografía quiteña, objeto de muchas controversias. En términos referenciales se admite que a mediados del siglo XVII la población del Reino ascendía a unos 580.000 habitantes, divididos en 450.000 indígenas, 40.000 blancos, 60.000 negros, 20.000 mestizos y 10.000 mulatos. La mayor discusión se centra en torno a la población india que al parecer estuvo al margen de la tendencia general de decrecimiento que existía en todo América por estas fechas, manifestando por el contrario un aumento constante que apenas se quiebra al final de la centuria. Esto permitirá disponer de una mano de obra tributaria muy abundante que se canalizó hacia los sectores industrial, agrícola y ganadero, ya que el minero acusaba la crisis general del período.

    El crecimiento demográfico revalorizó las tierras ya que los españoles la deseaban en tanto que tuvieran brazos para su explotación, determinando la configuración de la hacienda y rompiendo con la mita la unidad existente entre los distintos individuos que formaban las distintas comunidades, organizadas sobre bases de parentesco.

 

LA ECONOMÍA COLONIAL

 

    GENERALIDADES. El descubrimiento de América no sólo supuso el conocimiento de unos nuevos territorios, sino que los recursos que de ellos podían extraerse eran de capital importancia para sufragar al estado hispano. Las necesidades económicas de la Corona, acuciantes dados los excesivos gastos originados por la política internacional, la empresa americana y el mantenimiento del aparato burocrático y militar, hicieron comprender pronto a los reyes la necesidad de organizar convenientemente la Real Hacienda Indiana.

    Cada capital del virreinato y de provincia disponía de una oficina de Hacienda y de una caja real, al frente de la cual estaban los funcionarios llamados oficiales reales: un tesorero, un contador, un factor, un veedor y también unos tenientes que sustituían a los titulares en caso de ausencia.

    Cada oficial tenía su misión específica: el tesorero era el encargado de recibir las cantidades pertinentes y de librar el dinero preciso para los gastos por salarios u otros conceptos, enviando a España la parte correspondiente a la Hacienda Real; el factor debía cuidar de los almacenes donde se depositaban las mercancías, gestionando su venta o distribución más conveniente para el erario; el contador llevaba los libros de contabilidad donde especificaba las entradas y salidas de numerario; y el veedor tenía en un primer momento la misión de controlar los recates, luego pasaría a ocuparse de las fundiciones de oro y plata del mercado de los lingotes.

    Entre los ingresos obtenidos por la Corona de sus posesiones ultramarinas se encontraban los derivados de las regalías; éstas eran las minas, el oro aluvial, las salinas, el palo brasil, las perlas, esmeraldas y otras piedras preciosas, los tesoros indígenas, los bienes mostrencos (de dueño desconocido) y vacantes (de personas fallecidas sin testar y sin herederos legítimos), las tierras, aguas, montes y pastos no concedidos a particulares, las rentas estancadas (naipes, papel sellado, tabaco, etc.), la provisión de oficios públicos y el regio patronato.

    Asimismo encontramos otro tipo de ingresos que provenían de los diferentes impuestos establecidos en Indias: almojarifazgo; Quinto Real, cuya máxima expresión estuvo en el quinto de minas; entradas y rescates; diezmos, sobretodo el eclesiástico, por cuya percepción la corona estaba obligada a dotar a las iglesias y a enviar a los religiosos precisos para extender el Evangelio en América; licencias para la importación de esclavos, tributo indígena, bula de Cruzada, etc.

    El período de tiempo comprendido entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI supuso una etapa crucial y quizás inigualable en la historia del occidente europeo. Las transformaciones producidas por la explotación del Nuevo Mundo afectaron tan de lleno a España como al resto de Europa que ya nada sería igual a antes.

    La economía española sufrió un vuelco y supuso un respiro para unas arcas agotadas por unas guerras, primero de reconquista y luego de mantenimiento de los territorios, y por una ya corrupta red de intereses particulares. Sin embargo, no fue solamente en este sentido en el que los modelos socioeconómicos se vieron modificados. La llegada de nuevos productos de América a España y viceversa, la abundancia de materias primas, el acomodo a las nuevas características, etc., dieron la pauta para el desarrollo de unos nuevos modelos económicos en las Indias.

    Así, una vez acabada la «fiebre de los tesoros» con el fin de la conquista, los nuevos pobladores hispanos volvieron sus intereses económicos hacia la agricultura, la ganadería, la minería, la industria manufacturera de ciertas materias primas y el comercio.

    La política poblacionista de la Corona, con la organización de expediciones de colonos, introduce en América unos cambios sustantivos que influyen en la ganadería, en  la agricultura, en la minería y también en las relaciones laborales con los indígenas: el ganado caballar, vacuno y porcino cruzan el océano para difundirse por todo el continente, hasta tal punto que en algunos lugares su alta producción será la auténtica riqueza de la región incluso hasta en nuestros días; se realizan verdaderos esfuerzos para adecuar el trigo, el vino y el aceite a las nuevas tierras; se hacen nuevos planteamientos en la extracción de minerales gracias a la superior tecnología europea; y, sobre todo, se crea una serie de mecanismos para la organización del trabajo indígena que marcarán no sólo la economía de este período, sino también la posterior evolución sociocultural, política y económica de Hispanoamérica. Nos estamos refiriendo a la encomienda y a la mita.

    El sistema de encomienda significaba la distribución entre los conquistadores de las fuerzas de trabajo de los indígenas de una serie determinada de comunidades, aunque en la realidad se llegaba a estados de explotación cercanos al de la esclavitud. Este repartimiento de indios, con la obligación de servicios y tributos al hacendado/encomendero, aseguraba un importante rendimiento económico. A cambio, el encomendero se comprometía a dar a sus encomendados protección y un completo adoctrinamiento moral y religioso.

    Por la capitulación de Toledo se concedió a Pizarro, además de la autoridad como Gobernador, la facultad de repartir solares y tierras, así como de conceder encomiendas, porque sin ellas era pobre el aliciente que pudiera ofrecerse a las huestes conquistadoras.

    Según la vigencia de estas encomiendas podemos encontrar las de una vida, dos vidas o de herencia. En el primer caso se están refiriendo a que una vez fallecido el primer encomendero los indios serán vasallos libres de la Corona y no tendrán que realizar trabajos más que para ellos y sus comunidades (para poder pagar los muchos impuestos), se consideraba en la teoría que era la más extendida; en el segundo se considera que este servicio indígena se hará extensivo al encomendero y a su primera generación de herederos quedando luego libres de este servicio, teóricamente se concedía sólo en casos de grandes servicios a la Corona y en territorios de una gran dificultad; y en tercer lugar, las de herencia, otorgadas muy restringidamente por la Corona que marcaba número determinado de generaciones de vigencia, que supuestamente no superaban las tres generaciones tras el primer encomendero.

    En la realidad tenemos constancia de la existencia de encomiendas durante el siglo XVIII e incluso, esporádicamente una serie de ellas durante los inicios del siglo XIX.

    En el territorio de Quito, las vicisitudes por las que pasó esta institución fueron semejantes y estuvieron en estrecha conexión con las del Perú. A las fundaciones de la ciudad de Santiago y de la villa de San Francisco, con la distribución consiguiente de solares y tierras, pronto se asociaron los repartimientos de indios en encomienda, concretándose en 1540.

    Aunque después de promulgadas las Leyes Nuevas (1542) desaparece el derecho de utilizar indios encomendados como mano de obra, y en su lugar se permite sólo recaudar para sí los tributos ordenados según la tasa, se siguieron empleando los indios así repartidos en diferentes labores, entre ellas en las minas. En las de Santa Bárbara, por ejemplo, trabajaban seis meses al año cuadrillas compuestas por indios pertenecientes a las encomiendas y señalados por turnos por el corregidor y el cabildo de Quito.

    En una relación anónima de 1573 aparecen los nombres de más de 30 encomenderos radicados en Quito, entre los que se contaban los vecinos más ricos, comerciantes y propietarios de casas, estancias, ganados, etc. En Guayaquil, para las mismas fechas, residían 15 encomenderos, en Cuenca 5 ó 6, mientras que en Loja contaba con 25 vecinos de repartimiento, atraídos quizás por las conquistas de Juan Salinas.

    No sólo encontramos españoles entre los encomenderos; la adhesión a la Corona por parte de algunos caciques y otros miembros de la alta nobleza indígena fue recompensada con repartimientos de indios en encomienda, como es el caso de D. Sancho Hacho, cacique mayor de Latacunga y algunos descendientes de Atahualpa.

    En los territorios de la Audiencia de Quito subsistieron encomiendas hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Mientras los restantes indios pagaban sus tributos directamente a los funcionarios reales o arrendatarios, los ecomendados lo hacían a sus señores, algunos de los cuales residían en la Península.

    Gran importancia tuvieron también los «yanacunas», institución incaica adoptada por los españoles. En tiempos del incario estos yanacunas, desvinculados de sus ayllus al ser forzados a desplazarse a otros territorios, eran empleados en los servicios públicos o como domésticos del Inca o de los altos miembros de la administración del imperio. Un considerable número de ellos estaba destinado a la labranza tanto de los campos del Inca como de los asignados a las divinidades. En lugar de alimentos y enseres necesarios para la vida, se les adjudicaba un pedazo de tierra a fin de que su producto les mantuviera.

    En 1574 fue regulado por el virrey Toledo el yanacunaje, poniendo a disposición de los colonizadores individuos dedicados al servicio doméstico y como mano de obra para labores agrícolas.

    Con la mengua del número de yanacunas, con la transformación de las encomiendas de servicios personales en encomiendas de tributos y con el desarrollo de los trabajos de minería, cobró mayor importancia la relación servil que conocemos con el nombre de mita: trabajo forzado que obligatoriamente debía prestar todo varón indígena comprendido entre los 18 y los 50 años de edad, por un período determinado y a cambio de un bajo salario, en las minas, obras públicas, obrajes y al servicio de los terratenientes que habían conseguido el privilegio de tener «mitayos» como fuerza de trabajo para sus latifundios.

    Con anterioridad a su definitiva organización en 1574, eran las autoridades capitulares las encargadas de reglamentar los turnos y las labores en que debían ser utilizados los mitayos. Parece que en Quito, con anterioridad a las ordenanzas de Toledo, se les exigía especialmente la provisión de combustible para los hogares españoles y pasto para sus caballos: diariamente cada mitayo debía transportar a la ciudad una carga de leña y otra de hierba. Duraban los turnos dos meses y acudían a ellos desde parajes que distaban veinte leguas de la ciudad.

    El modelo de trabajo con mitayos, puesto en funcionamiento en las minas de Potosí, se intentó traspasar a Zaruma, convirtiéndola en un importante foco minero. Para ello se trasladaron indígenas procedentes de las regiones de Cuenca y Loja. Las posibilidades de las minas de Zaruma eran incomparablemente menores a las de Potosí; de este modo la Audiencia de Quito se transformó en una región subordinada a la distribución del trabajo y producción aplicada a escala del virreinato. Sobre la base de esta dependencia surgió el aparente desarrollo económico de las provincias quiteñas, cuya producción se orientó a los ramos textiles y agropecuarios.

    A estas labores se destinaron los mitayos en la Audiencia quiteña. Las innumerables reclamaciones sobre malos tratos sufridos por los indios de las industrias textiles obligaron a la Corona, a finales del XVII, a decretar la extinción de los obrajes de   comunidad y, en 1704, a abolir las mitas en los obrajes.

    Las crisis mineras peruanas y neogranadinas, a las que acompañó un gran descenso de la población indígena en ambos territorios permitió a Quito asentarse cono un territorio económicamente independiente y próspero, ya que su mano de obra tributaria siguió aumentando y los tejidos que elaboraba se adueñaron de los mercados marginales, consiguiendo a cambio de ellos plata y oro que cimentaron su prosperidad.

 

    LA  PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA. Durante la primera mitad del XVI la atracción por el oro y la plata hizo que no hubiese una gran dedicación a las labores agropecuarias. Los españoles adecuaron sus gustos a una serie de productos agrícolas y ganaderos lejanos de sus gustos, pero no hicieron un especial hincapié en introducir los cultivos de plantas peninsulares. Es a partir de 1540 cuando empiezan a recibirse noticias de cultivos de trigo, olivo y otras sementeras peninsulares en los territorios conquistados.

    La infraestructura agrícola de Iberoamérica era bastante buena, aunque no óptima: contaba con una gran gama de plantas alimenticias, unos suelos de rendimientos diversos, una climatología muy variada, etc., lo que permitía casi todos los cultivos; por otro lado nos encontramos con una pluviosidad muy abundante y que periódicamente ocasionaba catástrofes naturales y unas pésimas vías de comunicación que le impidió alcanzar los mercados exteriores.

    La gama de plantas alimenticias fue verdaderamente extraordinaria, ya que Iberoamérica reunió en su territorio toda la experiencia humana en la domesticación de plantas alimenticias e industriales: las autóctonas y las procedentes del mundo euro-asiático y africano.

    Confluyeron así complejos sistemas alimenticios que se habían originado en Mesoamérica y la zona Andina (17 por ciento de las especies que hoy se cultivan en el mundo), con los creados en las cuencas de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo y Hoang-Ho. Las culturas del trigo, del arroz y del maíz se encontraron en suelo americano y caminaron juntas desde entonces para beneficio de toda la humanidad.

    El proceso fue lento. Primero, los españoles fueron encontrando las plantas alimenticias aborígenes, tales como la yuca, la calabaza, el frijol, el maíz, el tomate, el cacao, la papa, la batata, las frutas (aguacate, piña, papaya, curuba, guanábana, etc.); las estimulantes como el tabaco, la coca, etc.; y las industriales como el maguey, el caucho, etc. 

    Luego trajeron las procedentes del Viejo Mundo, principalmente las correspondientes a su dieta mediterránea como el trigo, la vid y el olivo, pero también otras como la caña de azúcar, la cebada, el arroz, etc. Finalmente iniciaron un proceso experimental de aclimatación extraordinariamente laborioso. Trataron de averiguar no sólo si el trigo o la cebada se daban en qué sitios, sino también si las mismas plantas americanas se podían traspasar de unos a otros ecosistemas. Fue así como se introdujo la papa andina en Norteamérica o el cacao mesoamericano en Sudamérica.

    En las tierras calientes se cultivaron principalmente caña de azúcar, cacao, yuca y banano; en las templadas, maíz y algodón; y en las frías, papa, trigo y cebada. En zonas próximas a los Trópicos se cultivaron con éxito algunas plantas mediterráneas, principalmente vid y olivo.

El trigo se aclimató bien en algunos territorios consiguiéndose hasta dos cosechas anuales. En Sudamérica la producción más intensiva se consiguió en los valles al Norte y Sur de Lima (hasta 500.000 fanegas), seguidos por el altiplano de Cundinamarca, Quito y algunas regiones en Venezuela. Hay datos de una primera cosecha de trigo en Quito muy tempranamente, en el año 1534.

    Ingenios azucareros encontramos en el valle del Cauca (actual Colombia, perteneciente a la Audiencia de Quito), y en algunos valles bajos del piedemonte andino.

    La gran producción cacaotera del Sur de América se localiza en Guayaquil y en diversas zonas de Venezuela, donde se llegaron a cultivar en grandes extensiones territoriales y contando con mano de obra esclava y mitaya.

    La principal demanda procedía de México y de España. El cacao guayaquileño tropezó con dificultades comerciales ya que se temió que sirviera de pretexto para importar fraudulentamente productos asiáticos al Perú.

    Quito, Tucumán, Cochabamba y algunos territorios norteños del Nuevo Reino de Granada se encuentran entre los grandes productores de algodón en esta parte de Iberoamérica, constituyendo, junto con la lana, la materia prima usual de la industria obrajera.

    La ganadería, por su parte, fue la gran aportación del Viejo al Nuevo Mundo, donde apenas existía una especie animal domesticada por el hombre, la llama. Había otros animales domésticos como los pavos o guajolotes mexicanos y los cuyes andinos, pero no se extendieron por toda la geografía de Iberoamérica, ni tuvieron carácter de explotación ganadera, y muy pronto quedaron relegados frente a los animales traídos por los europeos. Entre éstos encontramos: ganado mayor, vacuno y caballar; ganado menor, porcino, ovino y caprino; y un cierto número de especies volátiles propias. Incluso los indios se dedicaron a criar gallinas, dado su gran rendimiento y su posibilidad de utilizarlo en su pago de tributos.

    Consta, en documentación colonial, que Belalcázar introdujo el ganado porcino en los territorios del reino de Quito, procedente de los animales que tenían para el consumo de la tropa y que se había ido procreando durante su estancia en Piura y posteriormente en San Francisco de Quito. Del mismo modo, la tradición nos dice que fray Jodoco Ricke introdujo en Quito el cultivo del trigo, que traído por él de Alemania, plantó frente al convento en construcción de San Francisco.

    La colonización desarrolló una modesta ganadería, que empezó a tener verdadero interés económico a mediados del XVI, cuando se descubrieron las minas de plata en sitios inhóspitos y creció el número de vecinos de los centros urbanos.

    El desarrollo de este mercado, y el espectacular crecimiento de las cabañas en determinadas regiones, trajo consigo una gran abundancia de ganado vacuno lo que provocó un abaratamiento del precio de la carne. Muchas reses fueron sacrificadas tanto para subir el precio como para aprovechar otras partes del animal: las pieles, que se enviaban a la Península; el sebo, utilizado en usos industriales; y las astas. De esta manera, en muchas zonas, los cueros del animal era el único bien negociable, lo que trajo consigo grandes problemas a un desarrollo equilibrado de esta actividad.

    Por otra parte, la dieta alimenticia de los indígenas cambió sustancialmente, dado su tradicional componente agrario, con la incorporación de las proteínas animales. Las condiciones de trabajo se vieron también mejoradas con el empleo de las bestias de acarreo, en vez de usar llamas, o su propia fuerza motriz, para el transporte de mercancías.

    La mula se mostró como un elemento de gran importancia para el transporte de mercaderías en muchos de los nuevos territorios. En la zona andina grandes recuas de mulas transportaban mercancías entre los distintos valles e incluso hacia la costa para su posterior traslado, vía marítima, a otros territorios o incluso a España. De hecho, consta la utilización de este animal, de una manera exhaustiva, en el difícil camino desde Guayaquil a Quito.

    La región quiteña de Ambato se muestra como uno de los grandes centros productores de ganadería ovina, calculándose que en el año 1696 había una cabaña que rondaba las 60.000 cabezas de ganado, utilizado sobre todo para la obtención de lana para los obrajes, aunque también nos consta su utilización para abastecimiento cárnico.

    Las unidades de producción agrícola representativas de la Colonia fueron la hacienda y la plantación, con una producción mixta agrícola y ganadera, orientada a suministrar alimentos para un centro urbano o minero próximo. En el ya desaparecido reino de Quito se empleó el sistema de las deudas, en el que el hacendado adelantaba los sueldos de varios meses a los peones, no en dinero sino en bienes materiales que necesitaban, y que obtenían de las «tiendas de raya» que había en la hacienda y donde se obligaba a comprar a los trabajadores. De esta manera éstos siempre estaban en deuda con el señor, asegurándose éste una mano de obra constante y barata.

 

    LA  INDUSTRIA. El sector industrial fue la actividad menos desarrollada de las actividades económicas americanas, resultando un elemento decisivo el retraso que se estaba produciendo en España en este mismo campo. Además, el llamado «pacto colonial» exigía la protección de la fábrica metropolitana en detrimento de la colonia, a fin de evitar competencias. De hecho, los territorios ultramarinos debían suministrar las materias primas que, transformadas en la Península, quedarían convertidas en productos manufacturados para su venta en Indias.

    Según estos planteamientos, la metrópoli suministraría todos los artículos necesarios, pero como ello era inviable, sobre todo por la escasa rentabilidad, fue preciso el establecimiento de ciertas ocupaciones artesanales generadoras de multitud de oficios. A esto hay que unir la tradicional enseñanza de oficios, transmitida a través de las distintas órdenes religiosas, como parte de la formación social cristiana de los nuevos conversos.

    La aparición de estas actividades permitió el traslado a Indias de los gremios, que regularon el acceso a la profesión y fijaron las limitaciones pertinentes a los integrantes de las razas distintas de la blanca. A negros, mulatos, mestizos, indios y  al conjunto de mezclas les estuvo vedada la equiparación con los españoles en la mayoría de las profesiones y la apertura de talleres. Dispusieron, sin embargo, de mayores facilidades en el ejercicio de actividades del tipo de curtiduría, albañilería o carpintería, e incluso tallistas.

    La incapacidad metropolitana de abastecer de tejidos a las colonias favoreció la aparición de una industria de artículos textiles cuya actividad logró niveles óptimos. En este sentido Quito fue una de las zonas con mayor profusión de obrajes y un producto final de acabado excelente.

    Por tanto, más que industria lo que existió realmente en Iberoamérica fue un artesanado importante que, como en el caso de la agricultura y la ganadería, fue favorecido por el Estado para proporcionar a los centros urbanos aquellos artículos que Europa no podía suministrar fácilmente debido a su bajo costo, que no amortizaba los fletes transatlánticos.

También existió un notable trabajo en relación con el procesado de elementos agrícolas y ganaderos como es el caso de conservas azucaradas, añiles, cigarros, bebidas alcohólicas, zapatos, bolsos de cuero, velas, cirios, etc., así como una serie de obrajes de transformación industrial, que se limitó a los citados obrajes, en donde se llevaban a cabo trabajos con lana y algodón, manufacturándolo y fabricando telas y paños.

    La región obrajera por excelencia, como ya hemos apuntado, fue Quito, donde coincidieron la abundancia de materia prima  -recordemos que ya hemos apuntado que en Ambato pastaban unas 60.000 ovejas en 1696, a las que habría que añadir otras considerables cabañas en Latacunga y Riobamba- , con la mano de mano de obra, ya que la población de esta Audiencia había ascendido desde los 80.000 habitantes en 1566 hasta los 425.000 en 1630. Sólo los ocho obrajes existentes en la provincia de Quito producían 50.000 varas de paños y 2.000 de frazadas y otras telas en 1604.

    Las telas quiteñas, que representaban un valor de 150.000 pesos anuales, se llevaban al Perú, Chile, Nuevo Reino de Granada y hasta Centroamérica. Gracias a éstas, Quito tuvo un circulante monetario notable, recordando al que Venezuela obtenía por medio del cacao.

    La industria naval fue otro de los sectores importantes de la economía colonial. Ésta nació con la conquista, primero con la construcción de pequeñas naves arte-sanales y, una vez conquistados los territorios acometiendo empresas de mayor envergadura ante las necesidades de llevar a cabo un gran número de expediciones de descubrimiento y conquista. Desde mediados del siglo XVI se hicieron naves en casi todos los territorios, destacando los astilleros de Panamá, La Habana, Nicoya, Realejo, Cartagena, Maracaibo y Guayaquil. Se aprovechaban las excelentes maderas americanas y se utilizaba buena técnica, si bien había que importar de Europa la jarcia y algunos implementos.

    En el puerto de Guayaquil se concentraban todos los recursos adecuados para la construcción naval: capital comercial, buenas maderas, minas de brea, mano de obra abundante y la necesidad de enviar el cacao a los mercados peruano y mexicano. De hecho, entre 30 y 40 embarcaciones dedicadas al comercio entre los distintos territorios coloniales, y algunos otros que se dedicaban al comercio interpacífico salieron de los astilleros de Guayaquil.

 

    EL  COMERCIO. La razón de ser del mantenimiento de los territorios ultramarinos residía en el establecimiento de un activo comercio entre ambas partes del océano y así poder cumplirse todos los términos del «pacto colonial». El modelo de intercambio favorecía claramente a la Península, cuya producción podía encontrar un fácil y amplio mercado en los nuevos territorios.

    Los deseos de la Corona de ejercer directamente el comercio con América estuvieron vigentes durante todo el siglo XV y los inicios del XVI, cuando empezaron a constatar la imposibilidad de mantener esta empresa, lo que condujo a una regulación de actividades, dando acceso a la intervención de particulares en determinados productos o monopolios, reservándose ella otros supuestamente rentables, a los que ya hemos hecho referencia, como las licencias y asientos de negros, azogue, sal, maipes, papel sellado, pólvora, etc.

    Los productos de mayor aceptación en América fueron el trigo, el vino y el aceite entre los comestibles, junto con tejidos y paños, que daban rango y status a sus poseedores, ya que dada su escasez alcanzaban precios elevados, que mantuvieron sobre todo en aquellos lugares donde nunca se consiguió su propia obtención, forzando en muchos casos su adquisición ilegal.

    El comercio marítimo tuvo una gran importancia, a veces mayor que el terrestre. Este se organizó al principio con buques viejos comprados a las flotas, pero pronto surgió una buena industria naval, como la ya citada de Guayaquil. En el Pacífico la totalidad de la flota mercante era americana, y en gran parte construida en los astilleros mexicanos y ecuatorianos.

    De Guayaquil venía cacao y alquitrán, a cambio de clavazón, cordaje y velas, necesarios para la industria naval de dicho puerto. Guayaquil distribuía además madera y paños quiteños al Perú y trató de montar otro gran circuito cacaotero con México, pero lo prohibió la Corona por temor a que aumentara aún más la salida de plata peruana al oriente, vía Acapulco. Por su parte El Callao, centro comercial del Pacífico Sur exportaba trigo, azúcar y vino, entre otros productos, hacia el puerto de Guayaquil.

    En el siglo XVIII aumentó considerablemente el comercio entre España y América, y a partir de 1778, año de la proclamación del reglamento de comercio libre, las exportaciones de España a América crecieron un 400 por cien, mientras que las importaciones lo hacían en un 1.000 por cien, disminuyendo la importancia relativa de los metales preciosos.

    Los baluartes tradicionales de la estructura imperial, Nueva España y Perú, y las zonas de importancia secundaria, tales como Quito y las provincias interiores del Río de la Plata, pagaron su nueva prosperidad económica con un ocaso relativo de sus industrias interiores a partir de 1778, aunque incluso los sectores industrial y comercial se beneficiaron ligeramente de la expansión económica general del último cuarto de siglo.

    Aunque los hispanoamericanos estuvieron más o menos satisfechos con la solución del comercio neutral, la Corona española pronto se dio cuenta de que había cometido un gran error, en primer lugar, porque vio que los norteamericanos no cumplían el requisito de llevar los productos coloniales a puertos españoles; en segundo lugar, por la presión que ejercían sobre ella los consulados de Cádiz y Barcelona para que retirase la concesión; por último, porque también se estaba beneficiando del comercio «neutral» Inglaterra, cuyos comerciantes traficaban con la América española desde sus bases del Caribe, haciéndose pasar por norteamericanos o encubiertos por expediciones balleneras que se dirigían al Atlántico Sur y al Pacífico.

    La suspensión del comercio neutral en abril de 1799 fue aún más perjudicial, ya que demostró claramente que España no sólo había perdido el control comercial de sus posesiones americanas, sino que también tenía ya poco poder político sobre ellas, ya que un gran número de puertos hicieron caso omiso del decreto de suspensión. En 1801 tuvo que suavizar su postura, pero esto no era más que una postura cara a la galería, las Indias estaban ya perdidas para España.

 

    LA  MINERÍA. Como ya hemos apuntado con anterioridad, durante la primera mitad del siglo XVI, Hispanoamérica y su metrópoli tuvieron una interdependencia escasa. De hecho, España no compensó gastos con los botines logrados por los conquistadores y la evangelización parecía ser la única razón que justificaba la inversión realizada. Téngase en cuenta que todo el oro y la plata llegados a España durante el período comprendido entre 1503 y 1540 sólo alcanzó un valor de 3.360.000 pesos de a 450 maravedíes, lo que no daba ni un promedio anual de 91.000 pesos.

    Todo esto cambió de pronto a mediados del siglo XVI cuando la Divina Providencia recompensó los esfuerzos hechos por los monarcas españoles «en favor de la evangelización de los indios paganos» donándoles excelentes minas de plata. Los centros manufactureros de Europa, en su mayor parte propiedad de «herejes», se pusieron al servicio de la Corona para suministrarle sus productos a cambio de aquellos metales preciosos que necesitaban con avidez, puesto que el oro del Sudán llegaba ya con cuentagotas, y la poca plata que había se marchaba hacia el Oriente. Resultó así que la plata extraída por los indios paganos fue a parar a los bolsillos de los europeos herejes después de haber bautizado cristianamente por los católicos españoles, que se limitaron en realidad a transportarla.

    Así comenzó la gran interdependencia euro - iberoamericana, ya que Europa necesitaba la plata, y en menor medida el oro, de las Indias, así como su mercado para colocar sus manufacturas. Iberoamérica, la urbana, se entiende, necesitaba las manufacturas europeas, sus utensilios y herramientas, sus hombres y sus técnicas. América llevaba la peor parte de aquel negocio en el que el propietario era Europa y ella sólo el socio capitalista. España, mientras tanto, se vio reducida al ridículo papel de intermediario.

    Resulta así que, durante un siglo y medio (1550-1699), Hispanoamérica envió legalmente a España  -no olvidemos nunca este calificativo, pues la entrada ilegal es imposible de cuantificar-  un total aproximado de casi doscientos mil millones de maravedíes.

    Toda la explotación hispana de las Indias se realizaba a través del océano Atlántico y dependía de algo tan frágil como unos navíos que transportaban los metales preciosos en el viaje de ida, y rentabilizaban los fletes con viajes de vuelta cargados de mercaderías tales como vino y aceite.

    La excelencia del negocio, que no era tal, se volvió pronto contra España, pues los riesgos del transporte, tales como tormentas y ataques de piratas, aumentaron en proporción directa al número de navíos que transportaban el metal. Se decidió entonces reagrupar los mercantes en objeto de auxiliarse unos a otros, y finalmente, se les dio una escolta de buques de guerra para que los protegiera del enemigo.

    La gran riada de plata americana llegada a Europa provocó numerosos fenómenos. El más conocido es el de la consolidación del capitalismo comercial, que se encontraba en plena expansión desde comienzos del XVI y necesitaba gran cantidad de circulante. Otro de ellos fue el desequilibrio en el coeficiente bimetálico entre el oro y la plata. Durante la primera mitad del XVI los europeos recibieron 58.430 kilos de oro y 86.518 de plata, quedando fijada la proporción en 1:10; pero, al producirse los grandes envíos de plata este nivel descendió hasta 1:17 en 1660, lo que supuso una caída del precio de la plata en relación al patrón oro.

    La Audiencia de Quito poseía, como su mayor centro productor minero, la región de Zaruma, contando con grupos de mitayos de Cuenca y Loja, aunque sin tener la importancia de las minas de Potosí, verdadero centro neurálgico de la minería colonial en Sudamérica.

    Dentro del modelo redistributivo ideado por la Corona para los distintos territorios de sus colonias encontramos los Situados. Estos consistían en unos envíos  de dinero, más o menos periódicos, desde las regiones más ricas de Hispanoamérica hacia las más pobres, sobre la consideración teórica de que todos los territorios conformaban una estructura unitaria en la cual los reinos prósperos debían ayudar a los pobres, pues éstos tenían funciones específicas en la defensa del conjunto, por lo que debían recibir una compensación económica. De esta forma los lugares donde no se producía plata ni oro tenían también un circulante monetario que podía subvenir a su desarrollo económico.

    La plaza de Cartagena (Cartagena de Indias, Colombia) recibió un situado, pagado en un principio por Lima, valorado en 66.836 pesos, hasta que se ordenó que éste fuera subvencionado a partes iguales por Santa Fe de Bogotá y Quito.

    Como siempre, el más afectado por esta situación de la locura de los metales preciosos fue el indígena. La proletarización de éste para las labores mineras originó muchas protestas de religiosos y funcionarios, quienes argumentaban que los indios eran libres y no podían ser compelidos a trabajar. En respuesta a éstos se les decía, invariablemente, que de no ser así se produciría la ruina de los reinos indianos, por lo que el sistema siguió adelante. Lo único que se hizo fue dar leyes para regularizar una explotación menos inhumana, si es que existe alguna. En todo caso es sabido que la legislación fue ampliamente violada en todo el ámbito iberoamericano, por lo que poco pudo resolver.

 

    LA  IGLESIA. Una Real Cédula del año 1509 recogía la postura de la Corona española respecto al interés evangelizador como el principal deseo de los monarcas, plasmado en la inquietud por la conversión de los nativos, a fin de que «sus ánimas no se pierdan, para lo cual es menester que sean informados de las cosas de nuestra santa fe católica». Por esta razón, desde 1526, la legislación ordenaba que en las expediciones de penetración fuera siempre un religioso con el objeto de difundir la palabra de Dios entre los pueblos aborígenes que encontrasen.

    Una vez conquistados los territorios se empezaba a tejer el denso entramado religioso, con los distintos órganos y centros de poder claramente diferenciados y constituidos. Así, en 1546, el Papa Pablo III concede a Quito el ser Sede Episcopal.

    La provincia metropolitana de la que todas las Sedes dependían era Sevilla, donde se dirimían los problemas religiosos planteados. Los inconvenientes de la lejanía, la demora en el envío y resolución de pleitos, etc., aconsejaban el establecimiento en América de Archidiócesis.

    El mismo año en que Quito recibe su cargo de Sede (1546), se elegían a Santo Domingo, México y Lima como las primeras Archidiócesis de Hispanoamérica, quedando Quito, Cuzco, Popayán, Panamá y Nicaragua inscritas bajo la jurisdicción de la de Lima.

    El Regio Patronato creó 32 diócesis durante el siglo XVI en los lugares que tenían mayor importancia política, de las que dos de ellas se localizaban en el reino de Quito. Si bien en América coincidieron sacerdotes y frailes, la capital misión evangelizadora encomendada a la Iglesia católica, y la abundancia de indios a quienes cristianizar hizo que el número de curas fuera sensiblemente inferior al de conventuales. Salvo contadas excepciones en las cuales ejercieron actividad apostólica, los padres diocesanos emplearon su vocación en el mantenimiento del culto entre los españoles emigrados a Indias.

    La orden de San Francisco se expandió por todo América, penetrando en el conquistado reino de Quito en 1538, mientras que los Dominicos se asentaron en este territorio dos años después, en 1540. Los mercedarios, por su parte, gracias a un privilegio de tiempos de Jaime I el Conquistador, que les convertía en capellanes castrenses, están presentes en toda la gesta de la Conquista, ya desde el segundo viaje de Colón. El Perú y Quito fueron coetáneos de las expediciones dominadoras del incario.

    Como norma general, y pese a la relación tan directa entre poder eclesiástico y Corona, gran cantidad de frailes de las distintas órdenes se mostraron muy críticos con la labor desarrollada en las relaciones entre los conquistadores blancos y los conquistados indios, elevando gran cantidad de protestas a sus respectivas jerarquías, quienes a su vez elevaban los correspondientes informes a la Corona.

    El deseo de potenciar la labor en defensa de los nativos hizo que se levantasen verdaderas cruzadas en la corte. De resultas de ello se fueron dando las distintas ordenanzas sobre el trato al indio. Sin embargo, las incesantes protestas de las distintas órdenes, dados el nulo respeto a las ordenanzas de los monarcas y los abusos perpetrados por los encomenderos, condujeron a las Leyes Nuevas de 1542, de las que conviene destacar la abolición de la esclavitud indígena, de la servidumbre personal y de las naborías. Como ya hemos reflejado, esto provocó el levantamiento de Gonzalo Pizarro ante el poder representado por el Virrey. Del mismo modo nos consta el inútil esfuerzo de esta legislación puesto que de una manera u otra la ley fue burlada y los trabajos impuestos al indio se mantuvieron cuando no se aumentaron, como sucedió con el servicio de mita en las minas y labrantíos.

    Durante largo tiempo se planteó la hipótesis de que religiosos indígenas se encargasen de la evangelización de sus congéneres, apoyados por los frailes europeos. Sin embargo ni la Corona ni las autoridades religiosas permitieron esta situación, negando el acceso a cargos importantes del clero a los mestizos no legítimos, como sucedió en otros campos de la administración civil.

    La Iglesia se configuró poco a poco como un enorme poder económico en las Indias, convirtiéndola en el primer gran propietario, tanto por cantidad de tierras como por ingresos, al disponer de tres fuentes de ingresos: los diezmos, que le permitían tener numerario en una sociedad descapitalizada por los envíos de metales preciosos a la Península; la explotación de una mano de obra casi gratuita, la indígena; y las donaciones de los fieles, ya que muchos conquistadores, sin herederos reales o reconocidos, donaban sus tierras a la Iglesia a fin de hacerse perdonar todas las tropelías llevadas a cabo durante su etapa de conquista.

    Así, además de las tierras, la Iglesia se hizo con la posesión de inmuebles, bien comprados o bien heredados, para cuyo mantenimiento y ornato colaboró activamente la Corona con parte de su Hacienda, tal y como se acordaba en los acuerdos sobre el Regio Patronato de Indias entre la Monarquía española y la Santa Sede.

    La Corona se alarmó por esta situación y dictó algunas disposiciones prohibiendo que los eclesiásticos adquiriesen bienes raíces en operaciones ordinarias de compraventa, pero esto apenas mitigó el problema. A fines del siglo XVI la Iglesia poseía la tercera parte de las tierras productivas del Perú y la mitad de México, además de un inmenso patrimonio de casas y templos.

    Hay que mencionar, no obstante, dos casos extraordinarios dentro de esta dinámica de la Iglesia; los franciscanos y los jesuitas. Los primeros porque se negaron a poseer tierras, ya que temían perder su condición de mendicantes. Los segundos porque organizaron las suyas con verdadero espíritu de empresa, de hecho sus haciendas tenían por lo común el máximo de rentabilidad, y porque, además, crearon riqueza agrícola al establecerse a menudo en territorios de frontera, donde había verdaderos baldíos que transformaron en haciendas muy productivas.

    Parte de los beneficios obtenidos en estas explotaciones revertía en las mismas, otra parte era para la comunidad, aunque siempre bajo la tutoría administrativa de los misioneros, y una tercera parte se dedicaba al ornato de los templos de la Compañía. Así encontramos ejemplos de una grandiosidad y prepotencia en sus templos, como es el caso de la iglesia de los jesuitas en Quito, siendo desde fechas muy tempranas ampliamente criticado e incluso utilizado como un argumento en su contra a la hora de plantearse su expulsión.

   Muchas de las técnicas empleadas por los religiosos en la catequesis de los naturales corresponderían más al proceso cultural que al religioso. El desconocimiento de las lenguas nativas obligó a los frailes a su aprendizaje para una mejor exposición de los misterios de la fe; la confección de catecismos y libros de doctrina impresos en los dialectos indígenas favoreció no sólo la labor pastoral, sino la difusión de la imprenta.

    La congregación de indios para impartir la  instrucción religiosa se vio complementada con las fundaciones de colegios y escuelas donde, además de la enseñanza de las nuevas creencias, se les iniciaba en otras materias y se les inculcaba un modo de comportamiento acorde con la civilización occidental imperante.

 

    LA  CULTURA,  LA  ARQUITECTURA  Y  EL  ARTE. La etapa de plenitud o conformación cultural en Hispanoamérica no se inicia hasta la segunda mitad del siglo XVI. El período precedente corresponde a unos años dominados, en gran medida, por una serie de actividades entorpecedoras del desarrollo cultural, como podían ser las expediciones de descubrimiento y conquista, los titubeos en la fijación de asentamientos, los problemas de colonización sobre unos territorios inmensos, la escasa emigración, la fundación de un corto número de centros urbanos, etc.

    A medida que estos problemas fueron superándose, la civilización occidental comenzó a extenderse por las Indias de manera imparable, configurando una actuación humana cuyos efectos han quedado entre las páginas más memorables de la historia de la Humanidad.

    No existió una cultura iberoamericana en los siglos XVI y XVII, pese a que se hable usualmente de ella. Lo que de verdad existió fue una proliferación cultural, resultado de la mezcla de la cultura dominante traída por los españoles (con sus consiguientes subculturas regionales) con las infinitas que había en América.

    La cultura española encontró una mayor resistencia a la penetración en aquellos territorios en los que habitaban unos reinos nativos sobresalientes, como es el caso del reino de Quito, tanto por el influjo de la cultura inca, relativamente poco asentada en gran parte de sus tierras, como por la de los distintos señoríos étnicos preincaicos, cuyo poso cultural aún vivía a la llegada de los españoles.

    En cuanto al idioma, en América confluyeron el habla popular importada por conquistadores y colonos y el idioma culto de los religiosos, quienes tuvieron confiada la educación de los naturales, los criollos y la población emigrante.

    Mientras en ciertas manifestaciones artísticas se produjo el mestizaje de formas, en la lengua no hay constancia de la creación de un idioma aglutinador de ambas corrientes, la española y la nativa. El lenguaje predominante fue aquel que viajó en las naves salidas de las costas ibéricas con las mutaciones ya señaladas de la incorporación a cada uno de los territorios conquistados de entonaciones y voces procedentes de las tierras anteriormente descubiertas y colonizadas.

    Los esfuerzos de la Corona en favor de la expansión del castellano fueron ímprobos, con el envío a ultramar de cartillas y catones para la enseñanza, ejemplares del Arte de la lengua, de Nebrija, y libros tendentes a alcanzar los objetivos propuestos.

    Una de las principales preocupaciones de los monarcas hispanos radicó en el interés mostrado por la educación de los nativos, entendida ésta como el vehículo ideal para su incorporación al modo de vida español y de comprensión de las verdades de la fe cristiana. Al efecto autorizaron la creación de escuelas y colegios de primera y segunda enseñanza, academias, centros de Artes y Oficios y universidades.

    A cada nueva fundación de una ciudad correspondía casi invariablemente la erección de un centro escolar regido por religiosos; de igual manera, éstos se encargaban de la enseñanza en tierras de misiones y en las comunidades indígenas, compaginando su labor apostólica con la de instrucción de los naturales.

    Los franciscanos fundan en Quito, a imagen del Colegio Imperial de Tlatelolco (México), un centro de enseñanza, básicamente para los hijos de los señores naturales, en donde éstos se encontraban en régimen de pensionado. No menor importancia tuvieron los centros de enseñanza profesional, al comprobar los misioneros la gran habilidad de los indígenas para determinadas actividades, especialmente las manuales detallistas y la música. Por esta razón se funda, en 1552, el colegio de San Andrés, creado a imagen del de San José de los Naturales (México). En San Andrés los nativos aprendían técnicas de sastre, zapateros, pintores, bordadores, fundidores, batihojas, etc.

    Las enormes expectativas despertadas por el sistema educativo puesto en marcha en América necesitaban de una continuidad en los estudios. En caso contrario habría obligado a un desplazamiento a la Península, con los consiguientes problemas económicos y personales, de aquellos que pretendiesen proseguir la carrera estudiantil, de ahí que la inquietud en torno a la creación de universidades en el Nuevo Mundo cuajó con prontitud.

    Dos fueron los tipos de universidades que encontramos en ultramar, las llamadas generales, oficiales o mayores y las conocidas como particulares, privadas o menores.

    La universidad indiana estuvo abierta en el XVI a los nativos (con preferencia a los hijos de los caciques), mestizos y mulatos libres, aparte de los criollos y peninsulares. Más tarde, la desconfianza hacia determinadas mezclas de razas propiciaron las restricciones y la exigencia de legitimidad y limpieza de sangre.

    La Universidad de San Fulgencio fue la primera de estas características fundada en el extinto reino de Quito. Posteriormente verían la luz las de San Gregorio y Santo Tomás, todas ellas a imagen de las españolas de Alcalá de Henares, Salamanca y Valladolid.

    Gracias al interés demostrado tanto por la Corona como por las distintas Órdenes en la creación de Universidades, América dispuso pronto de filósofos, teólogos o jurisconsultos formados en sus propios centros.

    Con el asentamiento de los núcleos urbanos, la expansión de la colonización y el surgimiento de escuelas, colegios y universidades, las bibliotecas comenzaron a proliferar y el gusto por la lectura fomentó la importación de libros.

    La Corona emitió una serie de disposiciones tendentes a prohibir la divulgación en América de obras consideradas como poco modélicas, opuestas a la labor misional de los religiosos o susceptibles de alterar las costumbres de españoles y nativos, entre las que se encuentran los libros de romances, de caballerías e historias profanas. La prohibición abarcaba también a aquellas obras escritas en contra de la monarquía hispana, cuya divulgación estaba reprobada en la propia Península.

    Sin embargo los fraudes no faltaron y muy prontamente circulaban por el territorio americano un sinfín de obras prohibidas, sobre todo de caballería, destacando de entre ellas el «Amadís de Gaula».

    La implantación de la imprenta en América nació como un complemento de la evangelización, en primer lugar, y posteriormente para la edición en los nuevos territorios de los volúmenes de gran aceptación popular. De este modo, la gran aportación española al Nuevo Mundo, su cultura, permitió el nacimiento en América y el conocimiento, tanto dentro como fuera de sus fronteras, de una pléyade de literatos que ocupan un lugar destacadísimo en los tratados al uso.

    Perú, junto con el Ecuador, merecen un apartado especial en el reconocimiento de la ingente relación de cronistas que glosaron su pasado, su historia reciente, junto con su conquista y acomodo a los nuevos usos españoles, dada la abundancia de escritos debido a autores como Cristóbal de Mena, Pedro Pizarro, Diego Trujillo y Agustín de Zárate, entre otros. Es, sin embargo, Pedro Cieza de León el escritor más afamado respecto a los acontecimientos acaecidos en estos territorios.

    El arte hispanoamericano refleja mejor que ninguna otra actividad la influencia procedente de la Península. Los estilos artísticos gótico, plateresco y mudéjar cruzaron el Atlántico y se instalaron en Indias con tal fuerza que el primero de ellos prolongó su vida en ultramar años después de agotar su existencia en Europa. De este modo, medievalismo y renacimiento se dieron cita en América confiriendo a las creaciones arquitectónicas unas características únicas.

    Si a esto añadimos que la colaboración de los indígenas, buenos artífices, en algunas de las obras otorgó a ciertos monumentos de una hibridización de lo español con lo nativo, nos encontramos con una de las manifestaciones más sorprendentes en la construcción y decoración de iglesias, conventos y edificios civiles.

    La tónica dominante en la primera mitad del XVI consistió en el envío a ultramar de cuadrillas de alarifes que se desplazaron por los territorios americanos contratados por distintas fábricas, dando como resultado una cierta uniformidad, reflejada en construcciones situadas en sitios alejados entre sí.

 

    LAS  EXPEDICIONES  CIENTÍFICAS. Al inaugurarse el siglo XVIII se produjo un cambio radical en todos los aspectos de la vida americana, pues los Borbones abrieron su imperio a un número cada vez mayor de científicos, exploradores y curiosos en general, tanto españoles como extranjeros, siendo la mayoría de estos últimos franceses, que publicaron después los relatos de sus expediciones. Sin embargo, a medida que avanza el siglo viajaron también muchos alemanes y escandinavos, a los que la Corona empleaba como consejeros técnicos y, en el caso del prusiano Alexander von Humboldt, como científicos imparciales. Así, el siglo XVIII fue testigo de una larga serie de importantes expediciones científicas.

    En contraste con la resistencia a los ataques de piratas como Drake, Dampier o Bouchard, la Corona acogió con beneplácito estas expediciones, muchas de las cuales tuvieron al territorio ecuatoriano como principal protagonista. Una de ellas fue organizada por la Academia Francesa de Ciencias en 1735 para medir un grado del meridiano cerca del ecuador y determinar así con más precisión la forma y medida de la Tierra. Con péndulos y plomadas Charles Marie de La Condamine y Pierre Bouguer comprobaron las medidas del arco y además verificaron el fundamento de nuestro sistema métrico decimal. Con menos acierto consideraron el Chimborazo, con sus 6.310 m, como el más alto del mundo. Asimismo, aparte de explorar las ruinas de Ingapirca, organizó la primera expedición científica en la Amazonia, que partió de Cuenca por la vía de Zaruma hasta el Marañón. En la confluencia de éste con el Pastaza se le unió  el científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado y juntos navegaron por el gran río.

    La Condamine cartografió su viaje hasta Cayena, y gran parte de la información resultante de esta expedición fue empleada por Denis Diderot en la «Encyclopédie».

    Acompañaron a la misión los marinos españoles Antonio de Ulloa y Jorge Juan, encargados no sólo de una discreta vigilancia de los franceses, sino con objetivos propios. Sus «Noticias Secretas de América», dirigidas al Rey, abarcaban una visión crítica en lo político, social y económico del país. Ulloa llevó además a España especímenes botánicos, zoológicos y minerales del Ecuador, base del Gabinete de Historia Natural de Madrid, promovido por él desde el año 1752 hasta su apertura en 1775.

    Humboldt llegó a tierras ecuatorianas en 1802 y estableció una serie de principios científicos aplicables tanto a la geografía física como a la meteorología. Midió el descenso de la temperatura en función de la altitud; cartografió las líneas isotermas; explicó la relación entre las plantas y las condiciones físicas; y estudió el descenso de la fuerza magnética terrestre desde los polos al ecuador. También demostró la conexión entre las fisuras subterráneas de las rocas ígneas con la presencia de los volcanes en grupos lineales. Su nombre lo llevan la corriente fría del Pacífico Sureste y una especie de pingüinos.

    Expediciones españolas notables se sucedieron durante la Ilustración, si bien los primeros cronistas de Indias, además de historiadores, eran etnógrafos, botánicos y zoólogos, al modo de la época.

    Muy principal fue la del gaditano José Celestino Mutis, que trabajó en la Nueva Granada, virreinato que comprendía al Reino de Quito en esos momentos, realizando una importante serie de expediciones científicas desde 1786 hasta un poco antes de la muerte de Mutis en 1808.

    El aporte más directo de Mutis se relaciona con la chinchona o quina, único remedio natural eficaz contra la mortal y extendida malaria, planta cuyas diversas especies ecuatorianas estudió con la ayuda de fray Diego García.

    El Arcano de la Quina es una de las obras fundamentales de Mutis, todavía inédita. Aún se conserva en la antigua farmacia del Palacio Real de Madrid paquetes con la corteza de quinas de la provincia de Loja.

    No han perdido vigencia las investigaciones e ilustraciones de Ruiz y Pavón, que describieron y bautizaron con el nombre de carludovica palmata la palmera de «paja toquilla». Dejaron para la posteridad una monumental colección de láminas en la que colaboraron una serie de artistas ecuatorianos, destacando Vicente Albán.

    La expedición científica de Alejandro Malaspina (1789) tocó Guayaquil, de cuyo puerto realizó una carta de navegación dentro del amplísimo estudio de las rutas marítimas del Pacífico.

    Malaspina juzgó críticamente la complejidad del Imperio Español y recomendó, para evitar su desastre, formar cuatro reinos distintos, uno de ellos el de Perú, con inclusión de lo que hoy es Ecuador, unidos por una cabeza real, pero independientes económica y administrativamente. Su idea no fue aceptada y estuvo en prisión algún tiempo.

    Todavía a mediados del siglo XIX la Comisión Científica del Pacífico, bajo el reinado de Isabel II, llevó a cabo trabajos de investigación, con el objetivo adicional del reconocimiento de los nuevos estados independizados de España. La escuadra al mando del general Pinzón llegó al puerto de Guayaquil y lo estudió dentro de sus amplios objetivos náuticos en el Pacífico.

    Sin embargo, de todos los científicos que pasaron por este territorio, Charles Darwin es el más recordado, quien visitó las islas Galápagos durante cinco semanas en 1835. En estas islas, anexionadas al Ecuador tres años antes, realizó muchas de las observaciones en las que fundamentó su revolucionaria teoría sobre la evolución y mutación de las especies.

 

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Bibliografía: Infopedia en Español